Recibir una resolución administrativa desfavorable exige revisar dos cuestiones antes de actuar: qué recurso procede y cuándo vence el plazo. El recurso potestativo de reposición permite solicitar a la propia Administración que revise determinados actos, sin acudir inicialmente a los tribunales.
¿Qué es y cuándo procede?
Los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 regulan este recurso administrativo de carácter voluntario. En el régimen general, permite impugnar los actos que ponen fin a la vía administrativa ante el mismo órgano que los dictó. Como alternativa, cabe acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, cumpliendo sus requisitos y plazos.
No sirve para recurrir cualquier comunicación. Debe tratarse de una resolución o, cuando corresponda, de un acto de trámite cualificado: por ejemplo, uno que decida el fondo, impida continuar el procedimiento o cause indefensión o un perjuicio irreparable, en los términos del artículo 112. Si el acto no agota la vía administrativa, habrá que valorar el recurso de alzada u otra vía prevista legalmente. Contra los reglamentos y demás disposiciones generales no cabe recurso administrativo.
Revise el apartado de recursos de la notificación: debe indicar si el acto pone fin a la vía administrativa, el recurso procedente, el órgano y el plazo. Una notificación incompleta o defectuosa puede afectar al cómputo; debe examinarse individualmente conforme al artículo 40.
¿Ante qué órgano se presenta?
La reposición se dirige al mismo órgano administrativo que dictó el acto. Conviene identificar claramente la resolución, el expediente, los motivos de impugnación y lo que se solicita, adjuntando la documentación pertinente y conservando el justificante de registro.
Acto expreso: un mes, con un cómputo preciso
Si el acto es expreso, el plazo general para interponer reposición es de un mes. Se computa desde el día siguiente al de la notificación o publicación que corresponda y termina el día del mes siguiente con el mismo número que el de la notificación o publicación. No equivale a treinta días ni a un mes de días hábiles.
Según el artículo 30, si en el mes de vencimiento no existe día equivalente, vence el último día de ese mes. Si el último día es inhábil, se traslada al primer día hábil siguiente, teniendo en cuenta el calendario administrativo aplicable.
Por ejemplo, una notificación válida recibida el 10 de noviembre determina, en principio, un vencimiento el 10 de diciembre, con el ajuste que proceda si ese día es inhábil. La fecha de firma de la resolución no sustituye a la fecha relevante de notificación.
Transcurrido el mes, el artículo 124 contempla la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión cuando proceda. Esto no significa que se abra automáticamente un nuevo plazo judicial: también debe comprobarse que la acción ante los tribunales sigue en plazo.
Actos presuntos y silencio administrativo
Si el acto no es expreso, el solicitante y los demás posibles interesados pueden interponer reposición en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto conforme a su normativa específica. No se aplica sin más el mes previsto para los actos expresos.
Para utilizar esta regla hay que identificar el plazo máximo del procedimiento de origen y el sentido de su silencio. La falta de respuesta no siempre equivale a una denegación: el artículo 24 distingue el silencio estimatorio del desestimatorio y establece excepciones. Una eventual resolución expresa posterior debe revisarse de inmediato.
¿Cuánto tiempo tiene la Administración para responder?
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la reposición es de un mes, sin perjuicio de las incidencias legales que puedan afectar a su cómputo. Si transcurre sin respuesta notificada, el recurso puede entenderse desestimado por silencio, conforme al régimen de impugnación de actos del artículo 24. La Administración sigue obligada a resolver expresamente.
El silencio negativo permite continuar la impugnación; no supone una decisión motivada sobre el fondo. Contra la resolución de una reposición no cabe presentar otra reposición.
Relación con el recurso contencioso-administrativo
Si se opta por presentar reposición, no puede interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que exista resolución expresa o desestimación presunta de aquella, según el artículo 123.2.
Frente a una desestimación expresa, el plazo judicial general es de dos meses desde el día siguiente a su notificación, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998. Si no hay respuesta expresa, el acceso a la vía judicial y su cómputo requieren valorar el régimen del silencio y la jurisprudencia aplicable; no debe trasladarse automáticamente el plazo de los actos expresos ni fijarse una fecha límite sin estudiar el caso. Los procedimientos especiales pueden tener reglas distintas.
Recurrir no suspende automáticamente la resolución
Como regla general, presentar el recurso no paraliza la ejecución del acto. Si es necesaria una suspensión, debe analizarse y solicitarse conforme al artículo 117 y a la normativa específica. La solicitud de suspensión tiene su propio régimen y no debe confundirse con la resolución del recurso.
Documentación que conviene conservar
- La resolución completa y su apartado de recursos.
- El justificante de notificación, acceso electrónico o publicación y sus fechas.
- La solicitud inicial, los documentos aportados y las comunicaciones del expediente.
- El recurso íntegro con sus anexos y el recibo de registro, fecha, hora y número de entrada.
- La petición de suspensión, si existe, y las notificaciones posteriores.
- Los documentos que acrediten el silencio y, en su caso, el certificado correspondiente.
Compruebe siempre la normativa especial
Esta guía explica el régimen general de la Ley 39/2015. No debe aplicarse automáticamente a materia tributaria, tributos locales, contratación pública ni a otros procedimientos con recursos o reglas especiales. La vía adecuada depende del acto, del órgano y de la legislación aplicable.
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Información jurídica general, revisada el 14 de noviembre de 2026. Cada asunto requiere un estudio individual.



